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| La reforma electoral vista desde el poder real en México |
La desinstitucionalización como punto de partida
Parte del ambiente que ha propiciado la desinstitucionalización y la desdemocratización en México ha sido la pérdida de límites claros para su análisis. Bajo el régimen actual, una parte sustantiva del proceso político ocurre intramuros, lejos del escrutinio público. El resultado es que el faccionalismo se vuelve una variable central para entender la toma de decisiones, muchas veces por encima de los mecanismos institucionales formales.
La reforma electoral como negociación interna
La reforma electoral no se discute: se administra desde el poder
La reforma electoral es un ejemplo claro. La discusión se ha desplazado hacia una suerte de “democracia delegativa”, en la que se evita el proceso institucional abierto y se concentra la deliberación en el entorno gubernamental, sin intermediarios, a través de una Comisión Presidencial. A partir de ahí, las definiciones seguirán su cauce dentro de la coalición gobernante, integrada por distintas facciones que orbitan alrededor de Morena, el PVEM y el PT. En conjunto, esta coalición controla el 72.8 % de la Cámara de Diputados y el 67.97 % del Senado: números suficientes para una reforma constitucional.
Morena: dos proyectos bajo un mismo poder
Es en este punto donde las corrientes internas se expresan con mayor nitidez.
Por un lado, Morena se encuentra claramente dividida en dos grandes bloques: moderados y radicales, con incentivos distintos frente a la reforma electoral.
El verdadero debate no es entre partidos, sino entre facciones
El ala radical y la lógica del partido-Estado
El ala radical ha planteado una reforma orientada a borrar las expresiones minoritarias mediante el fortalecimiento de la mayoría relativa, la reducción sustantiva del financiamiento a los partidos y un mayor control partidista en la designación de candidaturas y en la estructura territorial a través de los comités de base. Esta facción, asociada al obradorismo, concibe un horizonte de largo plazo basado en el control de un partido-Estado. Sus principales cartas presidenciales son Andy López Beltrán, Adán Augusto López y Clara Brugada.
El bloque moderado y la gobernabilidad hemisférica
El bloque moderado, en cambio, está representado por el ala institucionalista cercana a la presidenta. Su preocupación central no es ideológica, sino de gobernabilidad interna y viabilidad regional hemisférica. Leídos entre líneas, su objetivo es arrebatar a las cúpulas partidistas el control de las listas plurinominales, sin romper la alianza que les garantiza mayoría legislativa. El matiz es fino: impulsan una reducción y modificación de reglas para la asignación de plurinominales que, aunque formalmente dialoga con la oposición, en realidad envía un mensaje interno al ala radical de su propio partido. Buscan mantener el control sin convertirse en una amenaza hemisférica, sino en una fuerza cooperativa. Sus principales cartas presidenciales son Omar García Harfuch y Marcelo Ebrard.
PVEM y PT: aliados con líneas rojas
En este tablero también deben ponderarse el PVEM y el PT, cuya configuración ha cambiado sustancialmente. Ya no son partidos monolíticos. Hoy conviven en ellos morenistas, expriistas, empresarios y militantes históricos. Precisamente en estas últimas facciones reside la mayor resistencia a la reforma: se les está pidiendo que renuncien a espacios políticos construidos durante años.
Existe además un clivaje ideológico relevante. El PT se asume como una izquierda dura, mientras que el PVEM mantiene una identidad más cercana a la derecha priista. A ello se suma una diferencia estratégica: el PT perdió una carta presidencial relevante con la salida de Fernández Noroña, mientras que el PVEM conserva vasos comunicantes con García Harfuch, Ebrard e incluso con Ricardo Salinas Pliego, potencial candidato de las derechas. Esa elasticidad le otorga al Verde un margen de negociación mucho más amplio.
Para ambos partidos, sin embargo, hay dos líneas rojas: mantener una porción sustantiva del financiamiento público y preservar la representación proporcional como minorías.
La democracia delegativa sustituye al proceso institucional
Las restricciones reales: tiempo y geopolítica
En este juego, es indispensable no perder de vista dos elementos: las motivaciones de los actores y sus restricciones. La principal de estas últimas es la temporalidad. El calendario es estrecho: inicio del periodo ordinario en febrero, diseño jurídico, presentación, análisis, aprobación constitucional, aval de congresos estatales, cómputo constitucional, reformas secundarias, adecuación presupuestal, ajustes reglamentarios e implementación en los órganos electorales. Todo ello tendría que ocurrir antes de agosto.
La segunda restricción es externa: el proceso de revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, que se desarrollará entre enero y el 1 de julio. Esto es crucial porque ocurre en el marco de una nueva visión donde lo económico y lo energético se integran a la seguridad hemisférica. En ese contexto entran variables como el narcoterrorismo, su entrelazamiento con la política y la injerencia de potencias extrahemisféricas en México, en medio de un cambio claro en la actitud estadounidense hacia una “amenaza creíble”.
Si bien hasta el 31 de diciembre se daba por hecho que la reforma se presentaría en la primera quincena de enero, las declaraciones más recientes indican que el documento aún no está concluido, aunque sigue en elaboración.
En paralelo, la oposición permanece marginada del proceso, pese a haber presentado propuestas formales. Todo indica que la reforma está pensada, negociada y resuelta casi exclusivamente al interior de la coalición gobernante.
Tres escenarios posibles para la reforma
La pregunta central es entonces: ¿cuáles son las alternativas reales de negociación para que la presidenta Sheinbaum saque adelante la reforma electoral? Pueden identificarse al menos tres escenarios.
El primero es la postergación de la reforma. Esto permitiría al gobierno y al ala moderada evitar dos negociaciones simultáneas de alto costo. El riesgo es perder control frente al ala dura obradorista y abrir espacio a un reposicionamiento de la oposición en las elecciones intermedias.
El segundo escenario es una negociación fina con el PVEM y el PT sobre órganos electorales, constitución de nuevos partidos, acciones afirmativas, fiscalización, consulta popular, revocación de mandato, voto obligatorio y edad de votación. En este esquema, la reducción presupuestal se acotaría a rubros ordinarios, fortaleciendo áreas específicas como mujeres y jóvenes, y la disminución de plurinominales se matizaría con modelos de listas similares al de la Ciudad de México. Esto permitiría al gobierno argumentar que redujo el financiamiento y los plurinominales, sin romper la coalición.
El tercer escenario es avanzar solo en leyes secundarias: fiscalización, voto obligatorio y reordenamiento presupuestal, dejando intacto el núcleo constitucional.
Ahí se juegan los próximos meses. No en el discurso público, sino en el equilibrio interno de poder.
Sobre el Autor:
Rafael Solano es analista político y consultor en políticas públicas. Escribe la columna De libertad y responsabilidad en La Razón de México, donde aborda temas de democracia, gestión pública y cultura ciudadana. Con más de 15 años de experiencia institucional, combina pensamiento crítico, visión cívica y lenguaje claro para fortalecer la vida pública.
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